El proceso de purgas internas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha alcanzado una nueva fase, marcada por la reciente reclusión domiciliaria de Bayardo Arce, una de las últimas figuras históricas con influencia política y económica dentro del régimen nicaragüense. Esta decisión, promovida por Rosario Murillo, confirma una estrategia sistemática de consolidación del poder, destinada a eliminar cualquier foco de autonomía dentro del aparato estatal y partidario.
Arce, antiguo líder guerrillero y consejero económico del gobierno, fue privado de su seguridad personal y relevado de sus responsabilidades sin previa notificación oficial. Las fuerzas del orden registraron su despacho y su vivienda, colocándolo bajo arresto domiciliario. Este acontecimiento representa no solo una separación del pasado revolucionario del sandinismo, sino también un mensaje claro a cualquier persona del círculo oficial que todavía mantenga relaciones con grupos empresariales, diplomáticos o formaciones ajenas al núcleo central del poder.
Según fuentes cercanas al proceso, el arresto de Arce se inscribe en un patrón que ha venido repitiéndose desde hace meses. Diversos cuadros históricos han sido marginados, silenciados o perseguidos, incluyendo a Humberto Ortega, hermano del presidente, y a Henry Ruiz, también excomandante de la revolución. Rosario Murillo, vicepresidenta y figura con creciente poder institucional, encabeza esta operación cuyo propósito es asegurar una transición dinástica, en la que su hijo Laureano Ortega emerge como potencial sucesor.
La lógica detrás de estas purgas parece ser doble. Por un lado, se trata de prevenir cualquier disidencia interna que ponga en duda la continuidad del poder dentro del círculo familiar. Por otro, busca consolidar un nuevo bloque de poder sin dependencias del pasado revolucionario, reemplazando viejos aliados por funcionarios obedientes, leales exclusivamente a Murillo y su estrategia política.
Analistas en el exilio señalan que este tipo de maniobras, lejos de representar una señal de fortaleza, reflejan un creciente temor en las altas esferas del gobierno. La sucesión presidencial, aún no definida formalmente, genera tensiones internas, en un contexto donde el deterioro físico del presidente Daniel Ortega es evidente. La copresidencia de facto entre Ortega y Murillo, reforzada legalmente en los últimos meses, parece ahora el mecanismo clave para sostener la continuidad institucional, mientras se prepara un eventual traspaso hacia Laureano o, directamente, hacia Rosario Murillo.
La situación también revela una implosión silenciosa dentro del FSLN. La base histórica del partido ha sido progresivamente apartada del poder real. Lo que alguna vez fue una estructura política colectiva con diversas corrientes internas, se ha convertido en un aparato vertical, altamente centralizado y subordinado a decisiones personales de la familia presidencial. Las estructuras de diálogo con empresarios, medios, sectores religiosos y organizaciones de base han sido sustituidas por un discurso cerrado, excluyente y altamente represivo.
El ejemplo de Bayardo Arce simboliza, en este contexto, una clara indicación de que no hay lugar para personas con autonomía propia dentro del oficialismo. Su proximidad a los sectores empresariales y su papel como mediador técnico eran percibidos como un riesgo para el control total que Rosario Murillo intenta afianzar. La eliminación de su presencia es igualmente un aviso para otros participantes del sistema: ser leales ya no es suficiente; se demanda sumisión sin reservas.
Los conflictos internos también se manifiestan en paralelo a un ambiente internacional desfavorable. Nicaragua está sometida a sanciones, aislamiento en la diplomacia y una presión creciente debido a violaciones contra los derechos humanos. En este contexto, el gobierno ha decidido fortalecerse internamente, uniéndose más y cerrando cualquier brecha posible. Las acciones políticas han dejado de responder a criterios de administración o racionalidad económica, adoptando en su lugar un enfoque de supervivencia del grupo en el poder.
Con las figuras históricas del sandinismo neutralizadas, y la oposición política en el exilio o en prisión, el país entra en una fase de control casi total por parte del binomio Ortega-Murillo. Sin embargo, esta concentración de poder no está exenta de riesgos. El malestar social crece, la economía enfrenta estancamientos estructurales, y los actores internacionales observan con creciente preocupación el rumbo autoritario de Nicaragua.
La implosión de las estructuras internas del FSLN no implica, necesariamente, una caída inmediata del régimen, pero sí una señal clara de que su base política se estrecha cada vez más. En este contexto, el proceso de sucesión se perfila como una etapa decisiva, no solo para la familia gobernante, sino para el futuro inmediato del país. La represión podrá silenciar voces, pero no detendrá las tensiones latentes en una sociedad que observa, con temor e incertidumbre, el avance de un poder cada vez más personalista.
