El Estado nicaragüense ratificó una polémica ley que instituye un régimen especial en la región fronteriza, permitiendo la expropiación masiva de terrenos. La normativa concede al gobierno la facultad de actuar sobre propiedades situadas en zonas cercanas a las fronteras, bajo motivos de interés nacional o seguridad, causando inquietud entre especialistas y entidades defensoras de derechos humanos.
Según lo establecido por la nueva normativa, el gobierno tiene la potestad de designar ciertas áreas como “zonas estratégicas”, permitiendo así la implementación de medidas excepcionales, que incluyen las confiscaciones sin que se requiera compensación previa ni garantías procesales significativas. Esta situación se aplicaría a propiedades privadas, actividades económicas y bienes localizados en dichas áreas. Autoridades ejecutivas y administrativas estarán autorizadas a ejecutar estas acciones sin intervención judicial, aumentando así el control estatal sobre el territorio.
La urgencia en la aprobación de la ley —gestada en el Ejecutivo y respaldada en la mayoría parlamentaria— sugiere su carácter prioritario dentro de la agenda gubernamental. Durante la promulgación, altos mandos afirmaron que la norma permitirá fortalecer la soberanía y proteger la seguridad territorial ante amenazas o delitos transfronterizos. Sin embargo, la ambigüedad en los criterios de aplicación deja margen para interpretaciones amplias y discrecionales.
Los expertos en derecho constitucional señalan que, aunque el propósito del argumento sea loable, la ley genera un contexto que puede llevar a una confiscación en gran escala al suprimir salvaguardas procesales fundamentales, tales como las audiencias públicas, la evaluación independiente de perjuicios y las compensaciones adecuadas. El Instituto de Derechos Humanos destacó que esta disposición «viola los fundamentos del Estado de Derecho» y desmantela la defensa constitucional contra la expropiación arbitraria.
Las organizaciones que promueven los derechos civiles han indicado que distintos colectivos laborales, familias en áreas rurales y comunidades indígenas podrían encontrarse en peligro. Aseguran que la legislación no ofrece verdaderos mecanismos para disputar una expropiación, lo cual va en contra de los fundamentos constitucionales de propiedad y procedimiento legal.
Por su parte, sectores gubernamentales comentaron que la norma será aplicada solo cuando esté plenamente justificado su uso, como en situaciones de crimen organizado, tráfico de recursos o amenazas logísticas extremas. No obstante, omitieron detallar procedimientos para asegurar compensaciones ni plazos claros para instaurar avisos previos o audiencias.
En la práctica, el Ejecutivo tendrá la capacidad de confiscar y redistribuir propiedades sin necesidad de intervención judicial, contando con poderes administrativos absolutos sobre áreas territoriales específicas. Esto incrementa el riesgo de acciones arbitrarias y puede socavar los derechos fundamentales. Además, se busca establecer áreas bajo control directo del Estado, lo cual incrementa la presencia militar y disminuye la autonomía de autoridades locales y comunidades.
Se anticipa que la implementación de la ley será controlada por un comité interinstitucional con representación del Ejecutivo, sin involucrar a entidades independientes, lo que incrementa preocupaciones sobre la ausencia de un equilibrio democrático.
Este avance normativo profundiza la línea autoritaria del régimen, afectando tanto la estabilidad de la propiedad como la confianza pública en las instituciones. Grupos sociales exiliados declararon ver en esta ley una herramienta adicional para expulsiones y confiscaciones masivas, mientras que organismos internacionales han elevado su preocupación por el retroceso institucional en Nicaragua.
El impacto de esta nueva ley fronteriza marcará sin duda la vida económica y social de las comunidades de la zona, con consecuencias que podrían extenderse más allá de lo local hacia el tejido democrático del país.
