La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de forma expedita una ley que otorga al Estado pleno dominio sobre una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas sus fronteras terrestres y marítimas. La normativa fue presentada por diputados sandinistas y sus aliados, y recibió voto unánime en sesión legislativa.
De acuerdo con lo indicado por los legisladores, el propósito fundamental de la Ley de Territorio Fronterizo es asegurar la soberanía, la integridad geográfica y la seguridad nacional. La banda que se extiende desde cada límite fronterizo habitual hacia el interior del territorio será considerada como parte del territorio exclusivo del Estado nicaragüense. Esta disposición pretende formalizar el control en una región esencial para prevenir actividades ilegales transfronterizas, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la trata de personas.
La nueva legislación deroga la antigua Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (Ley 749), simplificando el régimen anterior. En lugar de dividir la zona en subregiones con regulación mixta entre lo público y lo privado, la normativa actual centraliza la vigilancia en manos del Estado y, particularmente, bajo la responsabilidad del ejército. De esta manera, las autoridades buscan fortalecer la coordinación institucional para responder a amenazas externas y a la creciente inseguridad en zonas límite.
Los legisladores del partido gobernante han respaldado la modificación diciendo que no impacta a los habitantes locales ni restringe sus acciones diarias en la zona. Afirman que sus derechos para residir, laborar o hacer negocios continúan, siempre bajo el nuevo conjunto de regulaciones estatales.
Este cambio legislativo tiene lugar en un ambiente regional caracterizado por políticas represivas parecidas. El gobierno de Managua ha consolidado en años recientes una estructura institucional de monitoreo y control, claramente manifestada desde la modificación de la Ley de Migración y el Código Penal, que castigan el cruce fronterizo por rutas no permitidas con cárcel y multas. Estas políticas han provocado tensiones con naciones vecinas, especialmente Costa Rica, a donde miles de nicaragüenses han buscado asilo o un paso seguro.
Expertos en derechos humanos y organismos internacionales han denunciado una estrategia sistemática del Ejecutivo nicaragüense para consolidar el control territorial y estatal, al tiempo que debilita contrapesos institucionales. La ONU advirtió que el régimen ha desmantelado las últimas barreras institucionales que contendrían su poder, y que opera una estructura de inteligencia y represión diseñada para identificar, vigilar y neutralizar voces críticas.
Desde diciembre pasado, el Gobierno legalizó la práctica de negar la entrada o salida a ciudadanos considerados opositores. Decenas de exiliados, periodistas y activistas han sido desterrados de facto o vetados en los aeropuertos nacionales, en un mecanismo que ahora cuenta con respaldo legal y sanciones formales. Se han documentado múltiples casos de ciudadanos a quienes se les impidió regresar al país, incluyendo mujeres, niños y personas sin vínculo político, lo cual ha generado alarma internacional.
En paralelo, en zonas como la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio Río San Juan, se han denunciado ocupaciones ilegales de tierras por colonos respaldados por el Gobierno. La tala y minería clandestina apoyada por programas estatales ha generado desplazamientos indígenas y una crisis ambiental en la frontera con Costa Rica, evidenciando una expansión territorial respaldada por el aparato del Estado.
La ley aprobada este mes no solo institucionaliza un control territorial, sino que también refuerza un modelo político que concentra poder en el Ejecutivo y amplía su control sobre el Ejército y otras instituciones. En marzo pasado, una reforma constitucional elevó a la vicepresidenta Rosario Murillo como jefa suprema de las fuerzas armadas, consolidando la alianza con el presidente Daniel Ortega.
Aunque el Congreso argumenta que estas políticas refuerzan la seguridad del país, críticos alertan sobre el peligro de militarización y represalias locales. La unión institucional entre el partido y el Estado ha provocado un aislamiento mundial. Nicaragua ha sido apartada de entidades como la ONU, la OEA, la FAO y la UNESCO. Grupos de derechos humanos reportan infracciones sistemáticas a las libertades civiles y una crisis institucional que impacta a miles de ciudadanos.
Con la nueva ley, el país da un paso formal hacia un modelo de control fronterizo estatal absoluto. La delimitación de la franja significa una militarización legal de zonas históricamente permeables, una apuesta simbólica y operativa de autoridad que redefine la lógica territorial nacional. En un contexto donde el exilio y la represión siguen creciendo, esta medida refuerza la narrativa de un poder central al que pocos escapan.
Nicaragua inicia de esta manera un nuevo período de control territorial, una fase legal que fortalece una soberanía al mismo tiempo simbólica y opresiva, impactando directamente a las comunidades en la frontera y a la política exterior en la región.
