Pakistán: claves para una recaudación tributaria sostenible y justa

Pakistán enfrenta una doble presión: bajas tasas de recaudación tributaria respecto al producto interno bruto, dependencia recurrente de financiamiento externo y una proporción significativa de la población que vive cerca o por debajo de la línea de pobreza. Esta configuración obliga a identificar medidas que aumenten ingresos fiscales sin transferir la carga a los hogares más vulnerables ni erosionar la demanda interna. Cualquier estrategia debe combinar reformas tributarias, modernización administrativa y un fortalecimiento simultáneo de redes de protección social.

Principios clave para diseñar reformas equilibradas

• Progresividad: orientar el esfuerzo hacia quienes poseen una mayor capacidad contributiva.
• Focalización: reemplazar los subsidios generales por apoyos dirigidos específicamente a la población en situación de pobreza.
• Eficiencia administrativa: disminuir la evasión y la elusión mediante procesos digitalizados y verificación cruzada de datos.
• Neutralidad económica: evitar cargas tributarias que frenen la inversión productiva o la formalización.
• Transparencia y comunicación: exponer de manera clara quién contribuye, cuánto aporta y de qué forma se administran los recursos para fortalecer la aceptación pública.

Tácticas tributarias específicas

• Ampliar la base tributaria: suprimir exenciones fiscales generales que favorecen a grupos con mayor poder adquisitivo y reevaluar regímenes especiales que disminuyen la recaudación. Por ejemplo, podrían reconsiderarse beneficios históricos otorgados a sectores extractivos o industriales, sustituyéndolos por incentivos temporales condicionados a generación de empleo o inversión.
• Reformar el impuesto sobre el valor agregado (IVA): conservar una tasa amplia y única, aplicando exenciones estrictamente acotadas y un listado claro de bienes esenciales con tasa cero o reducida para resguardar a los hogares más pobres. Al mismo tiempo, conviene reforzar los sistemas de devolución para exportadores y sectores vulnerables a fin de evitar distorsiones.
• Mejorar progresividad del impuesto sobre la renta: incrementar los tramos altos, eliminar vacíos que facilitan convertir ingresos laborales en rentas de capital y asegurar retenciones efectivas sobre rentas elevadas y pagos a no residentes.
• Implementar o fortalecer impuestos sobre el patrimonio: aplicar gravámenes al patrimonio inmobiliario o a plusvalías de inmuebles de gran valor, con criterios progresivos y umbrales altos que protejan a propietarios con ingresos limitados.
• Recaudación efectiva sobre la economía digital y servicios segmentados: gravar plataformas digitales, servicios financieros móviles y actividades de la economía digital mediante parámetros claros, evitando sobrecargar a microempresas mediante esquemas simplificados.
• Control aduanero y lucha contra el contrabando: modernizar puertos y pasos fronterizos integrando sistemas de escaneo, intercambio de datos y tarifas predefinidas que disminuyan pérdidas asociadas al comercio ilícito.
• Revisar tarifas y subsidios a energía y combustibles: retirar subsidios universales y reemplazarlos por transferencias focalizadas; establecer tarifas progresivas en electricidad y gas con rangos de consumo residencial que protejan el uso básico indispensable.
• Movilizar recursos no tributarios: optimizar la administración de empresas estatales, ajustar concesiones y privilegios, y enajenar activos no estratégicos con transparencia para generar ingresos temporales orientados a inversión social.

Acciones administrativas orientadas a mejorar el cumplimiento sin imponer mayor carga a los hogares de bajos ingresos

• Digitalización y facturación electrónica: adoptar plataformas de facturación electrónica y mecanismos automáticos de verificación de declaraciones con el fin de disminuir la evasión y hacer más sencillo el cumplimiento para las pequeñas empresas.
• Intercambio de información: articular datos procedentes de registros fiscales, bancarios, aduaneros y catastros digitales para identificar inconsistencias y orientar auditorías hacia los contribuyentes de mayor escala.
• Regímenes simplificados: habilitar esquemas de tributación simplificada destinados a micro y pequeñas empresas que avancen en su formalización, brindando cargas administrativas menores y permitiendo acceso a beneficios como crédito y seguridad social.
• Sanciones proporcionales: aplicar penalidades adecuadas para infractores relevantes y complementar con programas temporales de regularización que faciliten integrar a la base impositiva a quienes operan al margen del sistema.
Salvaguarda de viviendas en situación de vulnerabilidad: herramientas y mecanismos disponibles
• Registro social único y focalización: desarrollar o mejorar un registro social que permita identificar a hogares pobres y vulnerables con criterios objetivos (ingreso, geografía, composición del hogar), evitando la duplicación de beneficios y las fugas.
• Transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas: escala de transferencias directas a través de pagos mensuales a hogares empobrecidos, complementadas por condicionalidades orientadas a salud y educación para elevar el capital humano.
• Pagos digitales y biométricos: usar pagos móviles y mecanismos biométricos que reduzcan filtraciones y garanticen que la ayuda llegue a destinatarios reales, minimizando la intermediación.
• Tarifas sociales y tramos de consumo: establecer tarifas preferenciales para electricidad, agua y gas para los consumos básicos y aplicar tarifas crecientes para consumos de alto nivel.
• Mecanismos automáticos durante choques: diseñar reglas fiscales que activen ampliaciones temporales de transferencias o subsidios focalizados cuando indicadores clave (inflación alimentaria, precio del combustible, desempleo) superen umbrales definidos.
• Acceso a servicios complementarios: garantizar que la expansión de servicios básicos —salud, educación, saneamiento— acompañe a las transferencias para evitar que aumentos de precios básicos erosionen el poder adquisitivo.

Fases de implementación y estimaciones prudentes

• Corto plazo (6–12 meses): suprimir las exenciones fiscales más obvias, robustecer los controles en las aduanas, poner en marcha campañas de regularización voluntaria y ampliar por un periodo limitado las transferencias dirigidas a los hogares con menores ingresos ante episodios de alzas de precios.
• Mediano plazo (1–3 años): implementar la facturación electrónica, fortalecer el registro social único, aplicar tarifas sociales diferenciadas e introducir ajustes en los tramos del impuesto sobre la renta.
• Largo plazo (3–5 años): afianzar transformaciones estructurales que impulsen una recaudación sostenible, como un impuesto al patrimonio bien estructurado, la formalización amplia de microempresas y una gestión más eficaz de las empresas estatales.

Con avances administrativos y una depuración de exenciones poco efectivas, resulta factible obtener incrementos de recaudación que representen una porción significativa del producto interno bruto en un lapso de pocos años, destinando esos fondos a mantener transferencias focalizadas y a impulsar inversión en salud, educación e infraestructura que atenúe la vulnerabilidad estructural.

Referencias y aprendizajes internacionales relevantes

• Programas de transferencias condicionadas: experiencias en varios países muestran que apoyos directos bien focalizados reducen pobreza y mejoran indicadores de salud y educación sin afectar la recaudación si se financian con reformas progresivas.
• Digitalización tributaria: estados que modernizaron facturación y cruce de datos han aumentado la recaudación y reducido la evasión sin elevar tasas nominales.
• Subsidios focalizados: sustituir subsidios universales por subvenciones dirigidas reduce el gasto público y mejora la equidad, siempre que exista un registro social confiable.

Pakistán puede ampliar de manera notable sus ingresos públicos sin perjudicar a los hogares más frágiles si articula reformas que vuelvan el sistema impositivo más progresivo, modernicen la gestión tributaria y reorienten los subsidios generales hacia apoyos específicos y automáticos durante periodos de crisis. El orden de implementación resulta crucial: partir de acciones administrativas de alto impacto, establecer una política fiscal que exija una mayor contribución a quienes poseen más recursos y, simultáneamente, robustecer mecanismos de protección social sustentados en registros fiables y pagos digitales. Con una comunicación clara y una supervisión estricta, se puede reforzar la sostenibilidad fiscal y disminuir la vulnerabilidad social de forma complementaria.